Un nuevo perjuicio económico en contra del Estado de Honduras denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) con relación al proyecto conocido como “Viviendas contenedores” proyecto que que dotaría de casas a más de mil familias damnificadas por las tormentas tropicales ETA-IOTA.
Las y los beneficiados debían ser residentes en las orillas del río Choluteca, específicamente, en la colonia Las Brisas, La Betania, Brisas de Santa Bárbara y otras zonas de riesgo informaron los funcionarios del Consejo Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, en enero de 2022, el CNA realizó una inspección y solo 23 familias habitan las viviendas, de las cuales únicamente 10 forman parte del grupo al que iban dirigidas el resto son familias del proyecto reasentamiento Lomas del Diamante.
Se encontraron cuatro irregularidades de gran magnitud desde el diseño, construcción y supervisión de la cimentación del edificio, que se demolió y volvió a edificar, lo que generó un perjuicio en el costo de la obra y enmiendas a contratos conexos.
Se reportaron anomalías en la adquisición de los contenedores e inconsistencias en las suscripciones de más de un contrato para realizar la misma actividad (duplicidad).
Además, durante la ejecución del proyecto se nombró a dos servidores públicos para desempeñarse ad honorem, sin embargo, el coordinador técnico de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) suscribió contratos donde les reconocía un pago mensual de L 110 mil y uno de ellos recibió L 484 mil 940 por derechos y prestaciones.
Se identificó la existencia física de 286 contenedores, respaldados con su acta de recepción, pero se pagaron 301 se desconoce la existencia de 15 unidades que no cuentan con el soporte administrativo. De los 301 contenedores facturados, únicamente se utilizaron 118 y otros 168 siguen en desuso.
En consecuencia, el 20 de octubre de 2021, la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), ante el exceso de contenedores comprados y no utilizados, intentó vender 114 unidades usadas, pero la subasta fue declarada fracasada a falta de oferentes este proceso tenía el objetivo de recuperar unos ocho millones de lempiras.
Los hallazgos antes mencionados se traducen en un perjuicio económico al Estado de Honduras que sobrepasa los L 69 millones.
Denuncia contra cinco involucrados
Ante estos hechos, el CNA informó en conferencia de prensa que se interpuso una denuncia en el Ministerio Público por suponer responsables de delitos de fraude y delito de administración desleal del patrimonio público en contra del exasesor de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, el exdirector técnico de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP), el exgerente de Proyecto Residencias Morazán, el excoordinador técnico de la UCP y el exgerente administrativo y de adquisiciones de la UCP.
